Los fantasmas

El pasado viernes estaba esperando al juez Miguel Ángel Gálvez en una cafetería  cerca de Los Yoses, en San José. Leía varias entrevistas que le habían realizado en diversos contextos. Entre estas entrevistas, encontré una frase que habría confiado a Los Angeles Times: “Que no se roben la posibilidad de una justicia que añoramos los guatemaltecos. La justicia es cuestión de poder y no control de poder”. Le pregunté, luego, que quería decir con la segunda oración: “la justicia es cuestión de poder y no control de poder”. Cuando era joven – dijo – entendió que la justicia podía permitir el ejercicio del poder de ciertos grupos, sin embargo, el rol de la justicia es precisamente otro, controlar a los grupos que quieren dominar ese poder. 

Hoy 10 de mayo de 2023 se cumplen diez años de la condena al exdictador José Efraín Ríos Montt por genocidio y deberes contra la humanidad. Muchas de las personas que entrevisté entre el 2017 y el 2018 me contaron que estaban sorprendidas de que este proceso finalmente tuviese lugar. La sorpresa era enorme. Habían pasado tres décadas de denuncias, impunidad y de la protección que el Estado de Guatemala siguió facilitando a los perpetradores del genocidio. Ya desde el final del año de 1982 se había presentado la denuncia por genocidio frente al Tribunal Permanente de los Pueblos en Madrid. La premio nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, también había presentado una denuncia frente a la Audiencia Nacional española en 1999. Según el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo español y, luego, el Tribunal Constitucional de España, se habían pronunciado a favor de la jurisdicción española para tratar el caso de Guatemala. Tras esto, en el año 2006, el juez español Santiago Pedraz pudo reabrir el caso e intentó interrogar a Ríos Montt junto a otros acusados. Sin embargo, al menos quince apelaciones fueron presentadas, bloqueando toda posibilidad de interrogar a los acusados. Hacia el año 2009, el Fiscal General Amílcar Velásquez Zarate ejecutó la decisión de la Corte de Constitucionalidad para desclasificar los planes militares que fueron un insumo importante de las pruebas de ese juicio. En todo estos años, Ríos Montt gozó de inmunidad, fue miembro y presidente del Congreso, intentando volver a ocupar la silla presidencial. No fue hasta el año 2012 cuando perdió su inmunidad parlamentaria y fue enviado a Juicio por el Juez Miguel Ángel Gálvez. 

Actualmente, la Fundación contra el Terrorismo (FCT), presidida por Ricardo Méndez Ruiz, se ha ocupado de forjar una arena de represión para todas las personas que busquen construir un país distinto. Este personaje de la vida política de Guatemala está siempre en todas partes. Se trata de una suerte de detective al servicio de las élites y de los sectores militares guatemaltecos. Forma parte de los “impresentables” que atraviesan el continente americano según el  informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, la lista Engel de corruptos y antidemócratas. Méndez Ruiz se confiesa alagado de formar parte de esas personas que retrasan y obstruyen los procesos penales, mediante formas de intimidación, represión, violencia y captura en las cuales participan los aparatos del Estado. Representa la tradición colonial y contrainsurgente con la cual diversas formaciones sociales, como el Estado de Guatemala, las fuerzas militares y paramilitares o las élites económicas (i.e. CACIF) han construido históricamente las formas de habitabilidad o inhabitabilidad de los territorios en una larga historia de represiones, pero también de resistencias, de parte de las personas que han intentado cambiar el país. Hoy, 10 de mayo de 2023, hablar de justicia en Guatemala o, para Guatemala, implica volver a formular la pregunta por el lugar: desde dónde puede hablarse y construirse una justicia para ese país. 

Así como el juez Gálvez, otras personas de distintos grupos etarios, profesionales o miembros de organizaciones comunales están saliendo del país a  un exilio que recuerda a los años más cruentos de la violencia en Guatemala. La política por otros medios hoy tiene cooptado el organismo judicial de Guatemala. Según le escuché decir hace algunos meses a una de las intelectuales más importantes de Guatemala actualmente, el Juicio por genocidio constituye un marcador para comprender la reorganización de las élites. El miedo a un efecto dominó no dejó de volver a agrupar a distintos sectores que, en sus modos de vincularse, se señalan a sí mismos como culpables. Sin embargo, lo hacen desde la intimidación y represión de diferentes sectores de la población y no desde su responsabilidad histórica. 

Frente a esto y contra esto, es imprescindible pensar en el escenario de este juicio. Esto es importante para poder establecer la distinción entre lo que este juicio produjo y lo que la élite produce debido a la posibilidad que abrió este juicio. Es decir, la posibilidad de salirse de una historia de impunidad para la conducción de la justicia. En este sentido, este juicio anunciaba un gesto sobre el  pasado y sobre el futuro, sobre la urgencia de pensar en cómo la reproducción del pasado en el presente impediría la posibilidad de la habitabilidad de todas y todos en ese país. Este juicio planteaba también el problema sobre cómo leer el pasado, qué tipo de responsabilidades puede producir el Estado desde sus instituciones para enfrentar las conflictividades que existen en los espacios públicos. También sobre cómo construir e imaginar otras vías para salir de ese pasado que no parece querer dejar de volver en diferentes formas. En otros términos, cómo interrumpir el curso de la reproductibilidad del pasado en el presente y en el futuro.

Por otro lado, el ritual judicial permitió reunir en un mismo espacio, bajo el control de un tribunal comprometido con la justicia social, a sectores y personas que habían estado relacionadas indirectamente en el pasado. Las decisiones políticas se pueden tomar en oficinas, pero ocurren en los cuerpos, en las comunidades, en las casas, en los sembradíos. La Sala de Vistas funcionó así como un laboratorio histórico, pues reunió a personas que nunca habían compartido un mismo lugar. Permitió que exdictadores como Ríos Montt debieran escuchar los relatos atroces de las personas testigos que guardaron en sus memorias lo visto en los territorios de la Región Ixil. Pero no solamente Ríos Montt escuchó, sino la élite, los militares y, en general, la sociedad civil. La gran presencia de los medios de comunicación no dejó de reproducir y quebrar los límites físicos del ritual judicial. Era necesario que estas historias fueran dichas y también escuchadas al seno de un espacio oficial, con un reconocimiento público gracias a la exhibición de la cantidad de evidencia presentada por la parte querellante. Era necesario que la prensa difundiera todo esto al seno de los hogares mediante radiodifusiones, programas televisivos y medios de prensa.

Otro aspecto importante tiene que ver con el uso de la tipificación de genocidio para leer lo que ocurrió durante la dictadura de Ríos Montt en la Región Ixil. Los peritajes fueron amplios respecto de cómo operaban las cadenas de mando y las formas de violencia en esa región. Ahora bien, sus explicaciones también debían recurrir a momentos más amplios de la historia política y social que permitieron exponer cómo el genocidio tenía características específicas en ese momento y en ese lugar, pero que también podían presentarse en otros momentos y lugares de la historia de ese país. Sin duda, tenemos que recordar esto, constantemente, porque los fantasmas vuelven de muchos modos.

La persecución en las montañas y la captura y encierro en los campos de concentración de personas durante la guerra forma parte de estrategias históricas recurrentes. La perita Elizabeth Oglesby explicó en el juicio por genocidio que se trataba de mecanismos que buscaban la “construcción de un nuevo sujeto indígena”. El genocidio, a través de las políticas de tierra arrasada y de quitarle el agua al pez buscaron erradicar todas las formas en las cuales podía generarse la reproducción cultural. El archivo histórico de las comunidades se reproduce gracias a las prácticas corporales, comunales, sociales, culturales, religiosas. Por ello, cuando se busca la destrucción y exterminación de los cuerpos, los hogares, los sembradíos, las organizaciones sociales, las prácticas de oralidad se está mostrando la intención de destruir los medios para la reproducción cultural y la destrucción de esa comunidad, pueblo, etnia o grupo humano. Al leerlo desde una perspectiva más amplia, este juicio mostró que el genocidio que ocurrió en la Región Ixil, de acuerdo a  las políticas específicas puestas en marcha por la dictadura de Ríos Montt, también se puede extender para leer una historia más amplia contra las poblaciones ancestrales en Guatemala y en otras partes del mundo. Esto que podría no ser nuevo, lo fue allí, pues un tribunal en representación del Estado guatemalteco lo afirmó después de escuchar los peritajes y testimonios en ese gran repositorio que se va conformando con las audiencias: diferentes perspectivas, disciplinas y lugares de enunciación construyen ese escenario tan singular del ritual judicial.

Ahora la pregunta que nos tendríamos que hacer es la siguiente: ¿de qué formas está volviendo el fantasma de la guerra contrainsurgente? La cooptación de los espacios judiciales, la intimidación y represión a personas ciudadanas, periodistas, defensores del territorio y operadoras de la justicia son algunas de esas vías. Pero la imaginación es poderosa para crear formas de represión que vuelven a levantar los fantasmas del pasado.